Los partidos mayoritarios aprueban a hurtadillas la ley Sinde, en el refugio del Senado. Al presidente de la academia del cine se le hinchan las narices y abandona. El presidente de la principal entidad de gestión del canon dice que ahora no perseguirá a los particulares que descarguen música o películas de la red, y un medio airea el salario que cobra de la SGAE, la nada despreciable cifra de un cuarto de millón de euros anuales. El tribunal europeo declaró ilegal hace unos meses la aplicación indiscriminada del canon a los productos de consumo. Las fichas se mueven a varias bandas.
Por un lado, las asociaciones como la academia del cine, pretenden seguir hablando de la “industria” del cine español, que básicamente se basa en que todo el que quiera hacer una película se apunta a la academia y el Estado le subenciona la película, bien a través del Ministerio de Cultura o a través de las subenciones que las cadenas de televisión están obligadas a aportar anualmente por ley para producción de cine nacional. Es curioso que se empeñen en seguir vendiendo el término “industria”, cuando una gran parte de los filmes producidos no cubren en su etapa de exhibición el dinero aportado en la subención.
En segundo lugar las sociedades de gestión AISGE, ESGAE, etc... cobran indiscriminadamente canon a todo material con capacidad de reproducir, copiar, fotocopiar, etc, con el fin de compensar a los autores por las copias que se hacen de películas y discos. Son, en secreto, los más acérrimos defensores de las páginas de descargas ilegales, ya que si estas desaparecieran no existiría motivo para aplicar el canon y acabar con estas páginas supondría acabar con la gallina de los huevos de oro y los salarios millonarios que de SGAE o AISGE cobran personajes como Ramón García (Ramoncín), Eduardo Bautista o Pilar Bardem.
Los terceros en discordia son la clase política que prefiere no echarse a la cara a las entidades de gestión y a toda la “cultura” del país. Amén de que es de todo punto incomprensible que la actual Ministra sea juez y parte, o como diría mi abuela Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como).
El cuarto implicado son en realidad los 46 millones de españoles (excepto los mencionados anteriormente), que pagan religiosamente por casi todo a estas oscuras entidades, desde por hacer una foto con su movil a hacerse una fotocopia del DNI.
Los quintos somos un colectivo que estamos dentro de los 46 millones que, por nuestro trabajo, hacemos uso de innumerables artilugios gravados con el famoso canon. Un fotógrafo medio con un equipo normalito (cámara, tarjetas, discos, disquetes,impresora, y demás), paga más de 300 euros a las entidades de gestión, aunque no haga nunca una copia de un disco o una película. Esta sanción aplicada indiscriminadamente incurre en agravios como el que ocurre con nuestro colectivo. Antes o después las empresas que usan este tipo de soportes y dispositivos, tendrán que poder desgravar el canon digital de los productos gravados que adquieran para la realización de su actividad.
